Los españoles que quieran emigrar y buscar trabajo en Alemania sólo podrán obtener un permiso de residencia temporal de seis meses a partir de 2015. Este es el eje del nuevo paquete legislativo con el que el país de Angela Merkel pretende frenar lo que han denominado como el “turismo de prestación social” o “inmigración de la pobreza”, especialmente dentro de la Unión Europea.
Tres factores son fundamentales en este contexto. El primero de ellos es que Alemania disfruta de uno de los mejores sistemas de prestaciones sociales de la Unión Europea. Cuenta con ayudas por desempleo de 391 euros para solteros y 353 euros por miembro para una pareja adulta, y a ambas se les pueden sumar los gastos de alojamiento.

A estas ayudas, difíciles de encontrar en cualquier otro país europeo, se suma la situación económica y laboral. Este sería el segundo factor, puesto que la tasa de desempleo de la Alemania Oriental es del 9,4% y en Alemania Occidental del 6%, porcentajes muy por debajo de la media europea y, por supuesto, de España.

El tercer factor es la crisis que atraviesan países vecinos y que ha abierto la puerta a una “exportación” significativa de trabajadores y profesionales en busca de empleo, donde Alemania se presenta como uno de los destinos ideales, por oportunidades y ayudas. Los españoles no escapan de esta tendencia al alza y, si en 2004 había 108.278 registrados, en diciembre de 2013 la cifra superaba los 135.500. Otras nacionalidades, como la rumana y la búlgara crecieron, según datos del Gobierno alemán, de 35.00 recién llegados a aterrizar más de 180.000 en 2013. En total, aseguran que de los 3,1 millones de ciudadanos extranjeros comunitarios, 414.000 son originarios de estos dos países.

Por lo tanto, este permiso de residencia limitado se aplicará sólo, “como ya hacen otros países de la UE”,  a quienes lleguen buscando trabajo pero no tengan expectativas de lograrlo en esos seis meses, según argumentan desde Alemania los ministros de Interior, Thomas de Maizière, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Andrea Nahles. El objetivo, aseguran, es luchar contra el fraude y los abusos y evitar convertirse en destino de importantes flujos migratorios que buscan ayudas económicas y no trabajar.

Adicionalmente, se prohibirá por un periodo de cinco años la libre circulación a Alemania a aquellos que cometan fraude con el permiso de residencia o con las prestaciones sociales. Esta nueva medida prevé también multas y penas de cárcel por violar las condiciones de su residencia. Además, transcurridos los seis meses no sólo se cancelará el permiso, sino que se obligará a la persona en cuestión a abandonar el país. Si no lo hace, perderá los derechos inherentes, como la asistencia sanitaria o las prestaciones sociales.

Pero los cambios no empiezan a partir de los seis meses. Otras medidas legislativas contemplan endurecer las condiciones para acceder a determinadas prestaciones, como la de desempleo. También se estudiará la posibilidad de igualar la prestación por hijo a la que se recibiría en el país de origen. El país germano proporciona actualmente 184 euros de subsidio por cada hijo residente en Alemania, 190 por el tercero y 215 por cada hijo adicional. Otra de las polémicas ayudas son los casi 400 euros que se pueden percibir para alimentación, ropa, vivienda, calefacción y necesidades personales si una persona se encuentra ante cierto umbral de pobreza.